Toluca, Méx.- Penas de hasta siete años de prisión a vendedores y de hasta tres años a funcionarios que no denuncien la comercialización de objetos, bienes, productos, instrumentos o sus partes, provenientes de hechos ilícitos en vías y plazas públicas, mercados públicos municipales o áreas de uso común para actividades comerciales o de servicios, propuso Liliana Gollas Trejo.
La iniciativa establece sanciones de tres a siete años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado (sin que exceda de un mil días) para circunstancias que agravan la penalidad del delito de robo cuando se acepte, reciba, adquiera, posea, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, traslade, use u oculte el o los objetos, bienes, productos, instrumentos o sus partes provenientes de hechos ilícitos, en vías y plazas públicas, mercados públicos municipales o áreas de uso común para realizar actividades comerciales o de servicios.
En tanto, habría penas de dos terceras partes del delito encubierto y multa igual a cinco veces el valor de los bienes (sin exceder mil días de multa) para los casos de “encubrimiento por receptación”.
La iniciativa también prevé penas de uno a tres años de prisión, 30 a 150 días de multa y destitución definitiva de su empleo, cargo o comisión al servidor público que sepa de la comercialización de objetos, bienes, productos, instrumentos o sus partes, provenientes de hechos ilícitos y no lo haga del conocimiento del Ministerio Público.
Si el delito fuera cometido por servidores públicos de la administración y procuración de justicia, así como de la policía pública o privada, se aumentará la pena hasta en una mitad más de la que le corresponda.
También plantea modificaciones a las atribuciones de los gobiernos locales en materia de seguridad pública, que deberán prohibir la venta de los objetos y bienes señalados en puestos fijos, semifijos o comercios ambulantes y locales ubicados en vías, plazas públicas, mercados públicos municipales, áreas de uso común y áreas públicas destinadas para actividades comerciales o de servicios, debiendo dar aviso a la autoridad competente.
“Es indispensable implementar mecanismos eficientes que inhiban y sancionen cualquier acto ilícito, de violación a los derechos humanos, así como cualquier acto que ponga en riesgo la integridad física y mental de la población”, expresó la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito.
La iniciativa fue enviada a comisiones para su estudio y dictamen.
